lunes, 28 de noviembre de 2011

Contrato de obra o servicio determinado, Mi parte del Trabajo

FORMALIZACIÓN
•El contrato, y en su caso las prórrogas, se comunicarán al Servicio Público de Empleo en los 10 días siguientes a su concertación.
•El contrato deberá formalizarse siempre por escrito y deberá especificar con precisión y claridad el carácter de la contratación e identificar suficientemente la obra o el servicio que constituya su objeto, la duración del contrato, así como el trabajo a desarrollar.
EXTINCIÓN
•El contrato se extinguirá, previa denuncia de cualquiera de las partes, cuando finalice la obra o servicio objeto del contrato
•Cuando la duración del contrato sea superior a un año, la parte que efectúe la denuncia está obligada a notificar a la otra la finalización del contrato con una antelación mínima de 15 días. El incumplimiento por parte del empresario del plazo mencionado anteriormente le obligará al abono de una indemnización equivalente al salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.
•Ejecutada la obra o servicio, si no hubiera denuncia expresa, y el empleado continuara prestando sus servicios, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.
•A la finalización del contrato el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización, hasta  el 31 de diciembre de 2011 de cuantía  equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 8 días de salario por cada año de servicio. Esta cantidad se incrementará anualmente en 1 día, hasta el 1 de enero de 2015, en que quedará fijada en 12 días, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.

 

Contrato de obra o servicio determinado

CONTRATO DE OBRA O SERVICIO DETERMINADO


Es el que se concierta para la realización de una obra o prestación de un servicio, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.
Los convenios sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas que pueden cubrirse con estos tipos de contratos.
Duración
  • Por el tiempo exigido para la realización de la obra o servicio. No obstante, los contratos suscritos a partir del 18 de junio de 2010 no podrán tener una duración superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo sectorial de ámbito estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior.
  • Si fuere superior a un año, para proceder a la extinción del contrato se necesita preaviso con 15 días de antelación a la finalización de la obra o servicio. Si se incumpliera por parte del empresario, existe obligación de indemnizar por el equivalente a los salarios correspondientes al plazo incumplido.
  • Si la duración efectiva de estos contratos fuese inferior a siete días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 36 por 100.
  • Se transforma en indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación:
    • Por falta de forma escrita.
    • Por falta de alta en la Seguridad Social si hubiera transcurrido un plazo igual o superior al período de prueba.
    • Si llegado el término no se hubiera producido denuncia de alguna de las partes y se continuara realizando la prestación laboral.
    • También adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa los trabajadores contratados por obra o servicio determinado cuando transcurran tres años de contrato, ampliables hasta doce meses más por convenio colectivo sectorial de ámbito estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior. Este régimen se aplicará a los contratos por obra o servicio determinado suscritos a partir del 18 de junio de 2010.
  • Asimismo, se presumirán por tiempo indefinido los celebrados en fraude de ley.
Jornada
  • A tiempo completo o a tiempo parcial.
Formalización del contrato
  • Por escrito, y deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, el carácter de la contratación y la obra o servicio para el que se contrata. El empresario deberá comunicar el contenido del contrato en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación en el correspondiente Servicio Público de Empleo.
Indemnización
A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. Para los contratos suscritos a partir del 18 de junio de 2010, la indemnización será de doce días de salario por cada año de servicio según el siguiente calendario:
  • Ocho días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se clebren hasta el 31 de diciembre de 2011.
  • Nueve días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2012.
  • Diez días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2013.
  • Once días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2014.
  • Doce días de salario por cada año de servicio para los contratos temporales que se celebren a partir del 1 de enero de 2015.
Deber de información
El empresario informará a los trabajadores sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, con el fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que los demás trabajadores. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo.
Los convenios colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación profesional continua, para mejorar su cualificación y favorecer su progresión y movilidad funcionales.

Power Point Contrato de obra o servicio determinado

Movilidad Geográfica

El contrato de trabajo se pacta, por regla general, para ser ejecutado en un lugar determinado. La alteración de ese lugar es lo que se denomina movilidad geográfica, cuestión sobre la que concurren dos intereses contrapuestos.
Por un lado, el del empresario, al que interesa en principio la movilidad del trabajador, con el fin de adecuar la prestación laboral a las exigencias sobrevenidas del mercado y de la técnica.
Y por otro lado, el del trabajador, que tiende a la inamovilidad y a organizar su vida familiar y laboral en un entorno concreto.
La regulación actual, contenida en el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores, fue introducida por la Ley 11/1994, de 19 de mayo, con la finalidad de flexibilizar la gestión de los recursos humanos de la empresa, tratando de garantizar al mismo tiempo los derechos de los trabajadores, habiendo sido objeto de modificación posterior por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, sobre todo en lo que hace referencia a los traslados colectivos. Asimismo, con el fin de favorecer la flexibilidad interna negociada, el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva posibilita la intervención de las secciones sindicales como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas.
La movilidad geográfica se produce por el traslado o desplazamiento del trabajador a otro centro de trabajo de la misma empresa, en distinta localidad, que implique el cambio de residencia. Los cambios de un centro de trabajo a otro, dentro o fuera de la misma población, que no exijan cambio de residencia, no se engloban en lo que se conoce como movilidad geográfica.
La ley distingue entre traslado y desplazamiento. Mientras el traslado supone el cambio a un centro de trabajo de la misma empresa que exige el cambio de residencia de forma definitiva, el desplazamiento es un cambio temporal que obliga al trabajador a residir eventualmente en población distinta de la de su domicilio habitual. En todo caso el desplazamiento superior a doce meses en un periodo de tres años tendrá el tratamiento de traslado.
En ambos casos se va a exigir que existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen, o bien contrataciones referidas a la actividad empresarial. Concurrirán tales causas cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a la exigencia de la demanda.
Centrándonos primero en el traslado es preciso distinguir entre el traslado individual y el colectivo. El traslado individual puede ser acordado directamente por el empresario sin más exigencia que la notificación de su decisión al afectado y a sus representantes legales con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.
Los traslados colectivos son aquellos que afectan a la totalidad de trabajadores de un centro de trabajo, siempre que éste ocupe a más de cinco trabajadores, o cuando sin afectar a la totalidad del centro de trabajo comprenda un número de trabajadores superior al previsto en la ley. En estos casos la decisión empresarial tiene que ir precedida de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. En ausencia de órgano de representación de los trabajadores, éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma. Las secciones sindicales pueden intervenir como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal.
La apertura del periodo de consultas debe ser comunicada a la Autoridad Laboral.
Notificada la decisión de traslado, sea éste individual o colectivo, el trabajador tiene derecho a optar entre aceptar el traslado o extinguir el contrato con derecho a una indemnización. En el caso de aceptar el traslado tiene derecho a una compensación por gastos. Puede, además, sin perjuicio de la ejecutividad del traslado, impugnar la decisión si no está de acuerdo con ella.
En lo que se refiere al desplazamiento debe ser comunicado al trabajador afectado con una antelación suficiente a la fecha de su efectividad, que no puede ser inferior a cinco días laborables en casos de desplazamientos de duración superior a tres meses
El trabajador tiene derecho a percibir del empresario además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas, y cuando el desplazamiento tenga una duración superior a tres meses, a un permiso retribuido de cuatro días laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento.
Si no está de acuerdo, puede recurrir la decisión del empresario ante el Juzgado de lo Social, sin perjuicio de la ejecutividad del desplazamiento.
Si por traslado uno de los cónyuges cambia de residencia, el otro, si fuera trabajador de la misma empresa, tendrá derecho al traslado a la misma localidad, si hubiera puesto de trabajo.
La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.
En tales supuestos, la empresa estará obligada a comunicar a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento o las que se pudieran producir en el futuro.
El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba la trabajadora.

Movilidad Funcional

La movilidad funcional de un trabajador dentro de una empresa puede efectuarse por el empresario, siempre que el trabajador tenga las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer dicho puesto de trabajo y pertenezca al grupo profesional requerido. Si no están definidos los grupos profesionales podrá efectuarse entre categorías profesionales equivalentes.
Si la movilidad se produce entre grupos o categorías profesionales distintos:
  • Sólo será posible la movilidad si existen razones técnicas u organizativas que la justiquen y por el tiempo imprescindible.
  • Si las funciones a realizar fuesen de categoría o grupo inferior, deberá estar justificado por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva.
  • Si las funciones fuesen de grupo o categoría superior, y se realizan por un periodo superior a seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo.
Respecto a la retribución del trabajador, si el trabajo realizado es de inferior categoría se cobrará la del puesto de origen, y si fuese de superior, la retribución será la del puesto desempeñado.
Los requisitos generales de toda movilidad funcional son:
  • Se debe efectuar sin menoscabo de la dignidad del trabajador, y sin perjuicio de su formación y promoción profesional.
  • La empresa no podrá invocar las causas del despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación.
¿Qué hacer si está de acuerdo con la movilidad funcional? Cuando no se cumplen los requisitos anteriores, puede hablarse de la existencia de una modificación sustancial lo que justificaría al trabajador para solicitar la rescisión de su contrato cobrando la máxima indemnización. El plazo para recurrir es de un año y se tramita por el procedimiento ordinario por lo que es aconsejable contactar con un profesional.
Contra la negativa de la empresa a conceder el ascenso por realización de funciones superiores, y previo informe del Comité o, en su caso, de los delegados de personal, el trabajador podrá reclamar ante el Juzgado de lo Social.

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

1. Modificación

Se entiende por modificación del contrato, las posibilidades de cambio sobre el mismo, que puede realizar unilateralmente el empresario, pero siempre apoyándose en alguna de las causas legalmente reconocidas.

1.1. Modificación funcional

Se entiende por tal, el cambio en las funciones que realiza el trabajador. Ese cambio se puede dar dentro o fuera de la categoría profesional.

Dentro de la misma categoría

En este caso, la movilidad sólo se ve limitada por la falta de formación del trabajador sobre el que opera el cambio. La retribución que se percibe será aquella que venía ingresando.

Fuera de la categoría

Para que opere este cambio se exigen causas económicas, técnicas u organizativas, y se llevará a cabo por el tiempo imprescindible.
·        Cambio hacia una categoría inferior: la causa debe estar justificada por necesidades urgentes e imprevisibles. Se mantendrá el salario de origen.
·        Cambio hacia una categoría superior: se percibirá el salario de esta categoría y se podrá reclamar la vacante superior, si se realizan funciones en esta categoría durante 6 meses en un año u 8 meses en 2 años, siempre y cuando la vacante exista y se reúnan los requisitos enunciados en el Convenio Colectivo para optar a ella.

1.2. Modificación geográfica

Se entiende por tal el cambio de centro de trabajo a otra localidad. Para operar esta cambio, el empresario debe argumentar una causa económica, técnica, organizativa o de producción.

Cambio definitivo de residencia o traslado

Se debe avisar al trabajador con 30 días de antelación, debiendo la empresa abonar los gastos ocasionados.
Al recibir la propuesta de traslado el trabajador podrá actuar de una de las siguientes formas:
·        Aceptándolo.
·        Reclamando judicialmente contra el mismo por entenderlo ilegal (siempre se reclamará una vez el trabajador se encuentre en el puesto al que se le ha desplazado, para evitar que se alegue incumplimiento de una orden judicial).
·        No aceptar el traslado, extinguiendo el contrato, en cuyo caso se tendrá derecho a una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de 12 meses.

Cambio temporal de residencia o desplazamiento

Se realizará por un máximo de 12 meses computados en 3 años. En este caso la antelación con la que se ha de notificar al trabajador será de 5 días como mínimo. La empresa deberá abonar todos los gastos y el trabajador adquirirá el derecho a 4 días de descanso por cada 3 meses de desplazamiento (no contando los días de desplazamiento).
Si en el contrato de trabajo se indica que el puesto de trabajo es itinerante o móvil, no será tomado en cuenta como desplazamiento.

1.3. Modificación sustancial de las condiciones del contrato

Se entiende por tal el cambio en los elementos principales del contrato. Siendo éstos los siguientes:
·        Jornada.
·        Horario.
·        Turnos.
·        Sistema retributivo.
·        Sistema de rendimiento.
Cuando el empresario realiza esta modificación debe argumentar una causa económica, técnica, organizativa o de producción.
Ante este cambio el trabajador puede actuar:
·       Aceptándolo.
·       Reclamando judicialmente frente al mismo, siempre que considere que ha habido una ilegalidad y siempre realizando la reclamación con posterioridad al cumplimiento de la orden.
·       Extinguiendo el contrato con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 9 meses. Esta posibilidad tan sólo la tiene el trabajador si se ve perjudicado al modificarle la jornada, el horario o los turnos.

2. Suspensión

Es la paralización temporal de las prestaciones de las partes del contrato, es decir, el trabajador deja de prestar servicios y el empresario de retribuirlos.
La suspensión puede producirse por algunas de las siguientes causas:
·        Mutuo acuerdo.
·        Causas consignadas en el contrato de trabajo.
·        Incapacidad temporal, maternidad, adopción y riesgo por embarazo.
·        Suspensión de empleo y sueldo.
·        Ejercicio de cargo público (excedencia forzosa).
·        Privación de libertad sin sentencia condenatoria.
·        Huelga o cierre legal de la empresa (sólo con huelga).
·        Por fuerza mayor temporal o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

2.1. Excedencia forzosa

Por cargo político o sindical que impida compaginar las dos actividades. Esto sucede cuando se falta el 20% de la jornada. Es obligatoria para el trabajador y de concesión para el empresario.
La duración va unida a la imposibilidad de asistencia del 20% de la jornada. Se tiene derecho a reserva de puesto.

2.2. Excedencia voluntaria

Solicitada por motivos personales. Voluntaria para el trabajador y de concesión obligada por el empresario.
La duración mínima es de 2 años y máxima de 6. Se debe tener una antigüedad mínima en la empresa de 1 año. No se tiene derecho a una nueva hasta que hayan pasado 4 años. No hay reserva de puesto, sino preferencia.

2.3. Cuidado de hijos y familiares hasta el 2º grado

Duración máxima de 3 años. El nacimiento de cada hijo de derecho a un nuevo cómputo de la excedencia. El primer año hay reserva y los 2 años restantes preferencia.

3. Extinción del contrato

Es la paralización definitiva de las prestaciones de las partes. Es decir, finaliza la relación laboral.

3.1. Tipos de extinción

Por voluntad de ambas partes

·        Por mutuo acuerdo.
·        Por causas consignadas en el contrato de trabajo.
·        Por el fin del tiempo convenido.

Por voluntad del trabajador

·        Por dimisión. Por costumbre laboral debe avisar con 15 días de antelación.
·        Por abandono. En este y en el caso anterior no hay indemnización.
·        Por incumplimiento empresarial. El trabajador percibirá una indemnización de 45 días.
·        Por modificación del contrato de trabajo. Traslado o modificación de jornada, turnos u horario.

Por voluntad del empresario

·        Despido: disciplinario, objetivo o colectivo.

Otras

·        Muerte, incapacidad o jubilación del trabajador o del empresario (salvo sucesión empresarial).
·        Fuerza mayor definitiva. Ocurre una catástrofe o un siniestro y hay una imposibilidad económica para recuperarse.
·        Extinción de la personalidad jurídica, es decir, baja de la empresa.

4. El despido

Se entiende por despido la decisión unilateral del empresario para finalizar la relación laboral. El despido puede ser de tres tipos.

4.1. Despido disciplinario

Es aquel que se basa en incumplimientos graves y culpables del trabajador. Debe apoyarse en una de las siguientes causas:
·        Faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad.
·        La indisciplina o desobediencia.
·        Las ofensas verbales o físicas al empresario, a los compañeros o a sus familiares.
·        La transgresión de la buena fe y el abuso de la confianza.
·        La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento.
·        La embriaguez habitual o toxicomanía si repercute negativamente en el trabajo.
·        El acoso por razón de origen racial, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso sexual el empresario o a las personas que trabajador en la empresa.

Forma  y efectos del despido disciplinario

El despido disciplinario debe ser notificado por escrito, en el que figuren los hechos y la fecha en la que el despido tendrá efecto.
Si el despido se realiza no cumpliendo esta forma, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que se cumplirán los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido sólo cabrá efectuarlo en el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al primer despido.

4.2. Despido por causas objetivas

El despido por causas objetivas se basa en incumplimientos del trabajador y debe apoyarse en una de las siguientes causas:
·        Ineptitud del trabajador (sobrevenida o conocida con posterioridad al periodo de prueba).
·        Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto, siempre que se haya concedido un plazo mínimo de 2 meses para la adaptación a dichos cambios.
·        Amortización de puestos de trabajo. Cuando existan causas técnicas, económicas, organizativas o de producción.
·        Faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas, pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos o el 25% en 4 meses discontinuos, dentro de un periodo de 12 meses, siempre que el índice de absentismo total de la plantilla supere el 5% en el mismo periodo de tiempo.

No se computan como faltas de asistencia:
o       Las ausencias por huelga legal.
o       Por actividades de representación de los trabajadores.
o       Por accidente de trabajo.
o       Maternidad.
o       Enfermedades o riesgos relacionados con el embarazo.
o       Licencias, vacaciones y enfermedades o accidentes no laborales cuando la baja dure más de 20 días.
·        Insuficiencia de consignación presupuestaria para la ejecución de planes y programas públicos.

Forma del despido por causas objetivas

Se debe notificar por escrito, expresando la causa, con un plazo de preaviso de 15 días. Además en ese mismo momento se tiene que poner a disposición del trabajador de una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.
Se debe conceder una licencia de 6 horas semanales durante el preaviso, con el objeto de que el trabajador pueda buscar empleo.

4.3. Despido colectivo

Se entiende por tal aquel que basándose en una causa económica, técnica, organizativa o de producción afecta a toda la plantilla o, en periodo de 90 días a un número de trabajadores comprendido entre los siguientes límites:
Plantilla
Trabajadores afectados
Hasta 99
Mínimo de 10
De 100 a 299
Mínimo del 10%
300 o más
Mínimo del 30%
  El  empresario que quiera realizar un despido colectivo debe solicitar autorización para la extinción de los contratos a la autoridad laboral competente:
·        Si afecta a menos de 200 trabajadores, la autoridad laboral puede ser la de la provincia en la que está la empresa.
·        Si afecta a más de 200 trabajadores, el caso podría pasar al Ministerio de Trabajo.
Este procedimiento administrativo-laboral de solicitud de autorización se llama Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Debe acompañarse de una memoria que incluirá:
·        Las causas que lo justifican.
·        La documentación económica de la empresa.
·        En empresas de 50 o más trabajadores, un plan de viabilidad.
La solicitud del ERE obliga a la empresa a abrir un periodo de consultas (negociaciones) con los representantes de los trabajadores. Este periodo de consultas tendrá una duración de 15 días en empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores y como mínimo será de 30 días en empresas con una plantilla superior.
El resultado del periodo de consultas se comunica a la autoridad laboral, quién con los informes de inspección de trabajo decide:
·        Autorizar o estimar el despido si hay acuerdo entre las partes en este sentido.
·        No autorizar o desestimar el despido si hay acuerdo de las partes en este sentido.
·        O, no hay acuerdo.
Los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos recibirán una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades.

4.4. Procedimiento de reclamación en caso de despido

El trabajador que no esté conforme con el despido, tiene 20 días hábiles para impugnarlo. Para ello debe llevar a cabo lo siguiente:
·        Presentación de la papeleta de conciliación ante el SMAC de la comunidad autónoma.
·        Antes de acudir al juzgado de lo social, obligatoriamente se debe rellenar un impreso en el que consten los datos de la empresa, del trabajador y las causas del despido.
·        Al entregar la papeleta, se interrumpe el plazo de caducidad de la acción de despido.
·        Si el trabajador no realiza los trámites anteriores se supone que desiste.
·        Presentación en el acto de conciliación. Se deben presentar el empresario y el trabajador ante un árbitro del SMAC para intentar llegar a un acuerdo. El resultado de dicho acto puede ser:
o       Hay acuerdo. En este caso, el empresario abonará al trabajador lo que proceda o lo repondrá en su puesto. Finaliza así el proceso de reclamación, no siendo necesario presentar demanda ante el juzgado de lo social.
o       No hay acuerdo. En este caso el trabajador debe interponer una demanda ante el juzgado de lo social.
o       Si no se presenta el empresario se entiende que no ha habido conciliación y el trabajador deberá presentar demanda ante el juzgado de lo social.
o       Si no se presenta el trabajador se entiende que renuncia a reclamar y no puede presentar después la demanda.
Una vez celebrado el acto de conciliación se reanudará el cómputo de los 20 días para presentar la demanda.  El contenido de la demanda debe coincidir con los hechos alegados en la papeleta de conciliación.
Una vez celebrado el juicio, el juzgado de lo social emitirá sentencia, pudiendo declarar el despido como:

Despido procedente

Es aquel en el que quedan probadas las causas alegadas por el empresario.
Sus efectos son, la extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización, salvo que el despido sea por causas objetivas, en cuyo caso el trabajador recibirá una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades.

Despido improcedente

Se calificará así el despido cuando no queden acreditadas las causas que se alegaron para efectuar el mismo o cuando no se hayan cumplido los requisitos de forma.
Como efectos, el juez determinará la readmisión del trabajador o la indemnización del mismo con 45 días de salario por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades. En los casos de extinción por causas objetivas de un contrato de fomento de la contratación indefinida, la indemnización será de 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. En caso de despido objetivo improcedente, el FOGASA abonará al empresario 8 días de la indemnización pagada.
El derecho de opción corresponde como norma general al empresario, salvo en el caso de ser representante de los trabajadores, en cuyo caso optará este.
Cuando el despido es declarado de esta manera, se tiene derecho a  percibir salario de tramitación (salario que el trabajador debería haber percibido durante la tramitación del proceso).

Despido nulo

El juez califica como nulo el despido cuando queda probado que se ha basado en causas de discriminación o incluso una violación de un derecho fundamental.
Los efectos son la readmisión del trabajador a su mismo puesto de trabajo y el abono de los salarios de tramitación.

5. El finiquito

Documento que la empresa presenta al trabajador cuando finaliza la relación laboral. Consiste en una liquidación de haberes en el que se recogen todos los conceptos que se adeudan al trabajador, como son:
·        Los días no abonados (de trabajo).
·        Parte proporcional de paga extra.
·        Vacaciones no disfrutadas.
·        Indemnizaciones en el caso que correspondan.
El finiquito debe ser siempre firmado por el trabajador. Con su firma se reconoce la extinción de la relación laboral y se confirma que se perciben las cantidades allí expresadas.

FOGASA

Definición

La definición legal viene establecida en el Art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el Art. 1 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre Organización y Funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, que lo configuran, respectivamente, como:
ORGANISMO AUTÓNOMO DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y CAPACIDAD DE OBRAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL ART. 33 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

Precisiones a esta definición legal

En cuanto Organismo Autónomo goza de:
  1. Autonomía de gestión.
  2. Patrimonio y tesorería propia.
  3. Personalidad jurídica pública y diferenciada, sin que ello suponga la quiebra del principio de la personalidad jurídica ÚNICA de la Administración General del Estado. Personalidad diferenciada, pero no independiente.
  4. Sometimiento al principio de legalidad (Art. 103.1 de la Constitución Española ) y al Derecho Administrativo.
  5. Ámbito de actuación geográfica sobre todo el territorio nacional.
En cuanto a sus fines, estos son determinados por la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Trabajo e Inmigración, estando plasmados en el Art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto 505/1.985, de 6 de marzo, y en la Ley de Procedimiento Laboral. Siendo su FINALIDAD BÁSICA, para la que fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, la de Institución de GARANTÍA de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. Hoy tiene atribuido el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. Abonadas las prestaciones el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los/las trabajadores/as para proceder en reclamación y repetición frente a los/las empleadores/as que los/las adeudan.
Entre sus FINALIDADES COMPLEMENTARIAS destaca el apoyo o protección a las empresas en situación de crisis: dado que fomenta el mantenimiento del empleo y la continuidad empresarial, mediante el abono de ciertas prestaciones sin obligación de restitución ("a fondo perdido"), el pago de prestaciones sin necesidad de declaración de insolvencia empresarial ("la llamada insolvencia técnica"), y la posible suscripción convenios de devolución aplazada o fraccionada de las cantidades abonadas por el Organismo.

Personas Beneficiarias

Aquellos/as trabajadores/as por cuenta ajena sean titulares de créditos por salarios e indemnizaciones en la forma legalmente establecida incluidos/as dentro de los siguientes apartados:
  1. Trabajadores/as por cuenta ajena vinculados por relación laboral ordinaria.
  2. Deportistas profesionales vinculados/as a los mismos en virtud de relación laboral de carácter especial.
  3. Trabajadores/as cuya actividad sea la de intervención en operaciones mercantiles sin asumir el riesgo y la ventura de aquellas.
  4. Trabajadores/as vinculados/as por cualquiera de las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo del Estatuto de los Trabajadores, distintas de las mencionadas en los anteriores.

Colectivos excluidos de la acción protectora del FOGASA

  • Trabajadores/as al servicio del hogar familiar.
  • Socios/as trabajadores/as de las cooperativas de trabajo asociado y de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra.

Composición y funciones

El régimen de descentralización administrativa que supone la propia existencia del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL en orden al cumplimiento de los fines que al mismo señala el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, establece concretamente, junto a la figura del órgano gestor o de gobierno de carácter unipersonal, la Secretaría General, otro de índole colegiado al que se incorporan representaciones del mundo laboral, económico y de la Administración del Estado. Este órgano es el Consejo Rector, definido en el artículo 5 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo.

Composición

Es el órgano superior colegiado de dirección del FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, integrado por la Presidencia, cuatro representantes de la Administración Pública, cinco representantes de las Organizaciones Sindicales y cinco de las Empresariales, y un/una Secretario/a.
El Consejo Rector está constituido por:
  • Presidente/a: El/La Secretario/a General de Empleo.
  • Vocales:
    • Por la Administración
      • El/la Director/a General de Trabajo.
      • El/la Director/a General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
      • El/la Director/a General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
      • El/la Director/a General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
    • Por las organizaciones empresariales
      • Cinco Vocales en representación de las organizaciones patronales CEOE y CEPYME.
    • Por las organizaciones sindicales
      • Dos vocales en representación de U.G.T.
      • Un/a vocal en representación de CC.OO.
      • Un/a vocal en representación de ELA-STV.
      • Un/a vocal en representación de la C.I.G.
  • Secretario/a del Consejo: La Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial.

Modelo oficial de recibo de salarios

Modelo oficial de recibo de salarios

El artículo 29.1 del Estatuto de los Trabajadores establece en su párrafo tercero:
La documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual y justificativo del pago del mismo. El recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.
Dicho modelo fue aprobado por la Orden de 27 de diciembre de 1994, la cual establece, entre otras, las siguientes normas:
Los recibos de salarios que, sin eliminar ninguno de los conceptos contenidos en el modelo anexo a la presente Orden ni alterar su denominación, contengan modificaciones de carácter puramente formal o incluyan elementos adicionales de información al trabajador sobre la retribución percibida se considerarán ajustados al citado modelo.
El recibo de salarios se referirá a meses naturales. Las empresas que abonen a los trabajadores salarios por períodos inferiores deberán documentar dichos abonos como anticipos a cuenta de la liquidación definitiva, que se extenderá en el recibo mensual de salarios.
El recibo de salarios será firmado por el trabajador al hacerle entrega del duplicado del mismo y abonarle, en moneda de curso legal o mediante cheque o talón bancario, las cantidades resultantes de la liquidación. La firma del recibo dará fe de la percepción por el trabajador de dichas cantidades, sin que suponga su conformidad con las mismas.
Cuando el abono se realice mediante transferencia bancaria, el empresario entregará al trabajador el duplicado del recibo sin recabar su firma, que se entenderá sustituida, a los efectos previstos en el apartado anterior, por el comprobante del abono expedido por la entidad bancaria.
Los recibos de salarios expedidos se archivarán y conservarán por las empresas, junto con los boletines de cotización a la Seguridad Social, durante un período mínimo de cinco años, a fin de permitir las comprobaciones oportunas.
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Finiquito

Finiquito

El finiquito es un documento, realizado en papel por el que se pone fin a la relación laboral existente entre el trabajador y el empresario. Con su firma el empresario queda libre de abonar cantidad alguna al empleado, y este queda libre de la obligación de trabajar a las órdenes del empresario.

Secciones

El finiquito se divide en diversos apartados o secciones:
  • Identificación: recoge los datos idenficativos de las partes presentes en el finiquito. Por un lado la empresa con su correspondiente número fiscal. Y por la otra el empleado con su número de afiliación a la Seguridad social, y número de identificación fiscal.
  • Devengos: en este apartado se recogen todos los conceptos por los que el trabajador debe percibir dinero. Entre ellos están los días de sueldo no abonados, la indemnización, las partes proporcionales de las pagas extras, o los días de vacaciones no disfrutados.
  • Deducciones: frente a los devengos, enumera los conceptos por los que al trabajador se le retiene o retira dinero. Entre ellos el incumplimiento del preaviso marcado en convenio, los anticipos concedidos, o las cantidades correspondientes a la retención fiscal, si procede. Las indemnizaciones por despido quedan exentas de dicha retención.
  • Liquidación y firma: se confrontan devengos y deducciones, obteniendo la cantidad a cobrar por el trabajador. Dicha cantidad no podrá ser nunca negativa. Esta cantidad deberá abonarse en el momento de la firma, bien en efectivo o talón bancario. En el momento de la firma el trabajador rechaza a cualquier pago que pudiera corresponderle. Solo mediante el añadido "recibido no conforme" deja la puerta abierta a posibles reclamaciones futuras.

Jornada laboral

Jornada laboral


Duración
  • La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo.
  • La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
  • El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas.
  • Los trabajadores menores de 18 años no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, incluyendo, en su caso, el tiempo dedicado a la formación y, si trabajasen para varios empleadores, las realizadas con cada uno de ellos.
  • A la jornada ordinaria pueden adicionarse horas extraordinarias. El número máximo de horas extraordinarias es de 80 al año, si bien no computan dentro de este límite las horas extras compensadas por tiempo de descanso (no con retribución) dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. Tampoco se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxima de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de su compensación como horas extraordinarias.
  • Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal.
  • El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.
  • El trabajador tendrá derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada de trabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquélla.
  • Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente se resolverán por la jurisdicción social a través de un procedimiento urgente y preferente.
Descansos
  • Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas.
  • Cuando la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este período se considerará de tiempo de trabajo efectivo cuando así esté fijado o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo.
  • En el caso de trabajadores menores de 18 años, el período de descanso tendrá una duración mínima de treinta minutos, y deberá establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas treinta minutos.
  • Los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable por períodos de hasta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la mañana del lunes y el día completo del domingo.
  • La duración del descanso semanal de los menores de 18 años será, como mínimo, de dos días ininterrumpidos.
Ampliaciones y reducciones de jornada
  • Para los sectores y trabajos que por sus peculiaridades así lo requieran, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones y reducciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y descansos.
  • Se encuentran reguladas las ampliaciones de jornada para los siguientes sectores:
    • Empleados de fincas urbanas, guardas y vigilantes no ferroviarios.
    • Trabajo en el campo.
    • Comercio y hostelería.
    • Transportes y trabajo en el mar.
    • Trabajos en determinadas condiciones específicas:
      • Trabajo a turnos.
      • Trabajos cuya acción pone en marcha y/o cierra el trabajo de los demás.
      • Trabajos en condiciones especiales de aislamiento o lejanía.
      • Trabajos en actividades con jornadas fraccionadas.
  • Se encuentra regulada la reducción de jornada para los siguientes sectores:
    • Trabajos expuestos a riesgos ambientales.
    • Trabajo en el campo.
    • Trabajo interior en minas.
    • Trabajos subterráneos de construcción y obras públicas.
    • Trabajo en cajones de aire comprimido.
    • Trabajo en cámaras frigoríficas de congelación.
    • Trabajo en los servicios de tránsito aéreo (controladores civiles).
    • Las reducciones de los descansos entre jornadas y semanales deberán ser compensadas mediante descansos alternativos, de duración no inferior a la reducción experimentada, a disfrutar dentro de los períodos regulados en cada sector, en la forma que se determine mediante acuerdo o pacto. No obstante, en los convenios colectivos se podrá autorizar que, previo acuerdo entre la empresa y el trabajador afectado, la totalidad o parte de los descansos compensatorios pueda acumularse para su disfrute conjuntamente con las vacaciones anuales. Del mismo modo se podrán acumular las compensaciones contempladas para el medio día del descanso semanal.
    • El disfrute de los descansos compensatorios no podrá ser sustituido por compensación económica, salvo en los casos de finalización de la relación laboral por causas distintas a las derivadas de la duración del contrato.
    • La aplicación de los regímenes especiales de jornada a los trabajadores con contratos de duración determinada o temporal, o a los contratados a tiempo parcial para prestar servicios en trabajos fijos discontinuos, estará condicionada a la posibilidad de disfrute de los descansos compensatorios dentro de los períodos de referencia de cada sector, antes de la finalización del contrato o período de actividad.
Trabajo nocturno
  • Se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la Autoridad Laboral.
  • Se considera trabajador nocturno a aquel que realice normalmente una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo en período nocturno, así como a aquel que se prevea que puede realizar en período nocturno una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.
  • La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de ocho horas diarias de promedio, en un período de referencia de quince días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias.
  • La jornada máxima de los trabajadores nocturnos sólo podrá superarse mediante la realización de horas extraordinarias o la ampliación del período de referencia de quince días en los siguientes supuestos:
    • Para los sectores de actividad que tienen aprobada la ampliación de jornada.
    • Para prevenir y reparar siniestros o daños extraordinarios y urgentes.
    • En el trabajo a turnos, en caso de irregularidades en el relevo a turnos por causas no imputables a la empresa.
  • Las excepciones a los límites de jornada de los trabajadores nocturnos en dichos casos no podrá tener por efecto la superación de una jornada de ocho horas diarias de trabajo efectivo de promedio en un período de referencia de cuatro meses para los sectores con ampliación de jornada (incluso a seis por convenio colectivo) o de cuatro semanas en los otros dos supuestos.
  • Cuando la ampliación de la jornada se materialice mediante la realización de horas extraordinarias, deberá reducirse la jornada de trabajo de los trabajadores afectados en los días subsiguientes hasta alcanzar el referido promedio en el período de referencia correspondiente.
  • Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos.
  • Las horas realizadas en período nocturno, salvo que lo sea por su propia naturaleza y el salario se haya establecido en función de ello, tendrán una retribución específica de incremento, de acuerdo con lo que se establezca en la negociación colectiva.
  • Los trabajadores nocturnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo. El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupen dispongan de una evaluación gratuita de su salud antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares.
Trabajo a turnos
  • Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo, según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un período determinado de días o de semanas.
  • Las empresas, con procesos productivos continuos durante las 24 horas del día, tendrán en cuenta en la organización del trabajo de los turnos la rotación de los mismos y que ningún trabajador estará en el de noche más de dos semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.
  • Las empresas que por la naturaleza de su actividad realicen el trabajo en régimen de turnos, incluidos los domingos y días festivos, podrán efectuarlo bien por equipos de trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas o contratando personal para completar los equipos necesarios durante uno o más días a la semana.
  • En las empresas con trabajo a turnos, y cuando así lo requiera la organización del trabajo, se podrá acumular por períodos de hasta cuatro semanas el medio día del descanso semanal o separarlo del correspondiente al día completo para su disfrute en otro día de la semana.
  • Cuando al cambiar el trabajador de turno de trabajo no pueda disfrutar del descanso mínimo entre jornadas, se podrá reducir el mismo el día que así ocurra, hasta un mínimo de siete horas, compensándose la diferencia hasta las doce horas establecidas con carácter general en los días inmediatamente siguientes.
  • Los trabajadores a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo.
Reducción de la jornada laboral por motivos familiares
  • Las trabajadoras tendrán derecho por lactancia de un hijo menor de nueve meses, a una hora de ausencia del trabajo, que pueden dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple. La mujer, por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario, respetando, en su caso, lo establecido en aquélla. Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.
  • En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.
  • Los trabajadores tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo, de al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de ésta, con la disminución proporcional del salario, en los siguientes supuestos:
    • Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida.
    • Quien se encargue del cuidado directo de un familiar, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
    • El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.
  • El trabajador dentro de su jornada ordinaria tendrá derecho a determinar el horario y duración de estos permisos y deberá preavisar al empresario con quince días de antelación la fecha en que se incorporará a su jornada ordinaria.
  • Las discrepancias sobre la concreción horaria y la determinación de los períodos de disfrute serán resueltas, previa demanda, por la jurisdicción competente. El procedimiento es urgente y preferente y la sentencia firme.
  • En los supuestos de reducción de jornadas por motivos familiares el salario a tener en cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores será el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre y cuando no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción.
Reducción de la jornada laboral por violencia de género
  • La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, para su protección o para su asistencia social integral, a la reducción de jornada con disminución proporcional del salario, adaptación del horario, a la aplicación del horario flexible o a otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.Estos derechos se podrán ejercitar en los términos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o conforme al acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada. En su defecto, la concreción de estos derechos corresponderá a la trabajadora. Las discrepancias serán resueltas, previa demanda, por la jurisdicción competente. El procedimiento es urgente y preferente y la sentencia firme.
  • En el supuesto de esta reducción de jornada el salario a tener en cuenta, a efectos del cálculo de las indemnizaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores, será el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada.

El periodo de prueba

El período de prueba
El período de prueba se regula en el art. 14 del Estatuto de los Trabajadores.
El periodo de prueba es el tiempo, al inicio del contrato de trabajo durante el cual, el empresario podrá comprobar si el trabajador reúne o no las capacidades y aptitudes necesarias para el desempeño del puesto de trabajo.
Para que exista periodo de prueba es necesario hacerlo constar por escrito en el contrato, de no hacerlo así dicho periodo de prueba no existirá.
En caso de que el trabajador no supere el periodo de prueba, el empresario podrá dar por extinguida la relación laboral sin que el trabajador tenga derecho a indemnización alguna. El trabajador cobrará únicamente los días que haya trabajado efectivamente.
La duración del periodo de prueba puede variar, aunque el Estatuto de Trabajadores fija una duración máxima de éste:
  • 6 meses para técnicos titulados.
  • 2 meses para el resto de los trabajadores.
  • 3 meses para técnicos no titulados en empresas de menos de 25 trabajadores.
Los Convenios Colectivos podrán fijar el periodo de prueba para los trabajadores que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación.
No podrá pactarse un nuevo periodo de prueba para un mismo trabajador y para un mismo puesto de trabajo en la misma empresa, es decir, no podrán pactarse dos periodos de prueba para la realización de las mismas funciones en la empresa.
Durante el periodo de prueba el trabajador tendrá los mismos derechos y las mismas obligaciones que durante el contrato, porque aunque en periodo de prueba el contrato de trabajo existe.
Las situaciones de incapacidad temporal, maternidad y adopción o acogimiento, que afecten al trabajador durante el período de prueba, interrumpen el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.

La Inspeccion de Trabajo

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es la organización administrativa responsable del control y vigilancia del cumplimiento de las normas de orden social, que incluye los servicios de exigencia de las responsabilidades administrativas pertinentes en que puedan incurrir empresas y trabajadores, así como el asesoramiento e información a los mismos en materia laboral y de seguridad social.
El régimen de funcionamiento de la Inspección de Trabajo está recogido en la Ley 42/1997 de Ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en su reglamento de desarrollo aprobado por RD 138/2000, así como en la Orden Ministerial de 12 de febrero de 1998.
La Inspección de Trabajo cuenta con funcionarios de dos niveles:
  • Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social
  • Subinspectores de Empleo y Seguridad Social
El objetivo fundamental de su trabajo va dirigido a impulsar el cumplimiento voluntario, por parte de empresarios y trabajadores, de las obligaciones que en materia laboral y de Seguridad Social establece la legislación española. Pero, también desarrollan actuaciones correctoras y sancionadoras.
La actuación de los inspectores de trabajo y subinspectores de empleo se desarrolla en el ámbito provincial, dependiendo cada provincia de una Dirección Territorial coincidente con cada comunidad autónoma. A través de la siguiente dirección se puede acceder a la información correspondiente a las diferentes direcciones territoriales y unidades provinciales:
Dentro de la organización provincial o territorial, dependiendo de las dimensiones de cada caso, es habitual que exista una unidad compuesta por un grupo de inspectores especializados en prevención de riesgos laborales.